El presupuesto, de conformidad con la Ley 675 de 2001, constituye un instrumento de planeación financiera cuya aprobación corresponde a la Asamblea General de Propietarios, orientado a garantizar la suficiencia de recursos para atender las expensas comunes. Desde la perspectiva técnica-contable, no forma parte de los estados financieros ni constituye un criterio de reconocimiento o medición conforme a los marcos técnicos normativos de contabilidad e información financiera. En cuanto al revisor fiscal, cuando exista, su función se orienta a la fiscalización y vigilancia de las operaciones, así como a la evaluación de la razonabilidad de la información financiera y del cumplimiento
de las disposiciones legales y estatutarias, actuando con independencia y objetividad. Por su parte, los propietarios cuentan con derechos de participación, deliberación y decisión en la Asamblea General, así como de acceso a la información necesaria para el ejercicio de dichos derechos en relación con la gestión y la situación financiera de la copropiedad. La revisión y ajuste del presupuesto debe tramitarse a través de los mecanismos internos de gobierno y control de la copropiedad, ámbito en el cual el CTCP no ejerce funciones de inspección, vigilancia o control.
