De acuerdo con el Decreto 1600 de 2024, la auditoría forense corresponde, para los fines previstos en dicha regulación, a una actividad orientada a la prevención y detección de riesgos de corrupción y riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), mediante la revisión de procesos, hechos y evidencias con apoyo de conocimientos interdisciplinarios. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) puede emitir orientaciones doctrinales en materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información, conforme a la Ley 1314 de 2009. No obstante, los asuntos relacionados con política pública, metodologías investigativas, técnicas forenses, valoración probatoria, cadena de custodia, inteligencia artificial aplicada a procesos investigativos y competencias de otras autoridades exceden el ámbito de sus competencias.
