¿Debe la Defensoría del Pueblo, en su calidad de administradora del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos (Ley 472 de 1998), actuar como agente de retención y practicar la retención en la fuente sobre los pagos que realiza a los apoderados de los beneficiarios de una sentencia de acción de grupo, cuando dichos pagos se efectúan en virtud de un contrato de mandato, en calidad de honorarios, pero con cargo a los recursos indemnizatorios que administra el Fondo?
