Respecto al segundo elemento, esto es «la demostración de que el particular ha desplegado su conducta de conformidad con el principio de la buena fe», la doctrina especializada le ha conferido especial importancia, en la medida que, al ciudadano que despliega un comportamiento convencido en la palabra dada por parte del Estado, también está llamado a comportarse de manera honesta y diligente, esto es, debe obrar de buena fe Corte Constitucional, quien ha dicho que la conducta del administrado debe ser igualmente «honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una «persona correcta»».
