Como parte del proceso de adopción de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante «OCDE») en materia de intervención regulatoria, el Estado colombiano ha implementado una política de mejora regulatoria que propende por la optimización y transparencia de la normatividad.
En desarrollo de esta política, en el año 2014 se expidió el documento CONPES 3816 «Mejora Normativa: Análisis de Impacto», por medio del cual se establecieron los lineamientos para robustecer la expedición de regulación por parte de la rama ejecutiva, a partir del análisis de impacto de las normas.
